
Con el objetivo de blindar el estatus sanitario de la provincia y garantizar la competitividad en los mercados más exigentes del mundo, la Secretaría de Producción de Tucumán, bajo la dirección de Eduardo Castro (foto inferior), dispuso un nuevo marco de fiscalización estricta para establecimientos cárnicos. La medida surge como respuesta directa a los compromisos asumidos por Argentina en los recientes acuerdos comerciales con Estados Unidos y el bloque Mercosur-Unión Europea. A través de la Resolución N° 182, la provincia busca asegurar que la producción local de productos refrigerados no solo cumpla con la normativa interna, sino que se alinee con el Reglamento N° 178/2002 del Parlamento Europeo y las auditorías norteamericanas, enfocándose en la inocuidad alimentaria y el saneamiento ambiental.
La normativa provincial se apoya en una posición de privilegio global. Según los considerandos de la resolución, Argentina mantiene desde 2007 la clasificación de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) como "país de riesgo insignificante para la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB)", lo que representa el "máximo estatus sanitario mundial".
Para no poner en riesgo esta categoría, el gobierno provincial enfatiza que los acuerdos internacionales "imponen estándares equivalentes de control, cuya observancia impacta directamente en la competitividad exportadora y en la habilitación de mercados externos".

La Resolución N° 182 establece en su Artículo 1° la "obligatoriedad de adecuación sanitaria y ambiental de todos los establecimientos frigoríficos habilitados en la Provincia". Esta exigencia abarca puntos críticos como:
Cámaras frigoríficas y depósitos de almacenamiento.
Sectores de tratamiento de sangre, huesos y grasa.
Sistemas de trazabilidad documental.
Asimismo, el Artículo 4° ratifica que la Provincia ejercerá su "poder de policía sanitario y ambiental", lo que faculta a los inspectores a realizar visitas "sin previo aviso", tomar muestras y, de ser necesario, "disponer clausuras preventivas cuando existiere riesgo sanitario o ambiental".
Gestión de residuos y trazabilidad digital
Uno de los pilares de la nueva normativa es evitar la contaminación cruzada. Los establecimientos ahora deben garantizar la "separación física de áreas limpias y sucias" y contar con un "registro digital o físico verificable de ingreso, almacenamiento y destino final" de los productos .
Esta rigurosidad responde a que la correcta gestión de subproductos es considerada un punto crítico para evitar la proliferación bacteriana, algo esencial para cumplir con las metas del SENASA y los organismos auditores externos.
El incumplimiento de estas directivas no será pasado por alto. La normativa prevé desde multas y plazos perentorios de adecuación hasta la "clausura parcial o total del establecimiento en casos graves o reincidentes".
Finalmente, la resolución invita a coordinar acciones con el SENASA para "armonizar criterios técnicos y fortalecer la trazabilidad y control integral del sistema", asegurando que Tucumán sea una pieza clave en la inserción de la carne argentina en las góndolas de las principales potencias económicas.